Opinión

Nacionalismo cristiano: cuando Dios gobierna

El nacionalismo cristiano amenaza los derechos de las minorías. Analizamos sus raíces, sus paralelos globales y cómo avanza en Colombia de la mano del neofascismo.

Roosevelt Garcia / / 8 min de lectura
Nacionalismo cristiano

¿Qué es el nacionalismo cristiano y en qué se diferencia del cristianismo?

Hay una pregunta que parece inocente pero que guarda una trampa política enorme: ¿puede una nación gobernarse en nombre de Dios? La respuesta que dan hoy millones de personas —desde Washington hasta Bogotá, desde Riad hasta Teherán— es un rotundo sí. Y ese sí, dependiendo de dónde se pronuncie y con qué poder detrás, puede significar desde un proyecto electoral hasta la abolición de los derechos de quienes no comparten esa fe. Eso es, en esencia, el nacionalismo cristiano.

El debate tomó forma clara en Estados Unidos. Allí, el nacionalismo cristiano pasó de ser una etiqueta marginal a una identidad que sus propios defensores reivindican con orgullo. No se trata simplemente de cristianos que participan en política —eso es legítimo y siempre ha existido—. Se trata de algo más específico: la convicción de que Estados Unidos fue fundado como nación cristiana y que, por lo tanto, sus leyes, instituciones y cultura deben estar gobernadas por principios del cristianismo bíblico. Sus exponentes más conocidos —figuras como el pastor Doug Wilson o la política conservadora Marjorie Taylor Greene— no ocultan su objetivo: que la fe cristiana oriente al Estado en su conjunto.

La distinción con el cristianismo ordinario es crucial. Un cristiano puede votar por sus convicciones, oponerse al aborto, defender la familia tradicional y hacerlo dentro de las reglas del juego democrático, respetando que otros ciudadanos tienen el mismo derecho a vivir según sus propias convicciones. El nacionalismo cristiano da un paso diferente: postula que el Estado debe ser el brazo ejecutor de esa moral, que las leyes deben derivarse de los textos sagrados, y que quienes no compartan esa cosmovisión —minorías religiosas, personas LGBTQ+, no creyentes— deben subordinar sus derechos a esa mayoría. El problema no es la fe. El problema es convertir la fe en poder coercitivo.

El nacionalismo religioso: un fenómeno global, no solo cristiano

Cometeríamos un error de perspectiva si pensáramos que esto es una anomalía del cristianismo. El nacionalismo religioso —la fusión entre identidad nacional y doctrina religiosa como fundamento del Estado— es un fenómeno global y multirreligioso. Tiene sus versiones islámicas más visibles en Irán y Arabia Saudita: dos países donde la religión no solo influye en la moral pública, sino que establece las bases legales del gobierno, dictando lo que está permitido tanto en la esfera pública como en la privada (Concepto.de, 2026). En ambos casos, las minorías religiosas, las mujeres que se apartan de la norma impuesta y cualquier disidente sexual pagan el costo más alto de ese orden.

La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán —dos versiones distintas del mismo proyecto de Estado confesional— ha producido una suerte de guerra fría religiosa que hoy decide el destino de naciones enteras en Yemen, Siria e Irak (Portada.com.ar, 2026). Lo que comenzó como una disputa teológica entre las ramas sunita y chií del islam se convirtió en geopolítica armada. Esa es la escala a la que puede llegar el nacionalismo religioso cuando alcanza poder de Estado.

Israel ofrece otro ejemplo más complejo y debatido. El sionismo fundó su proyecto en la lógica nacionalista del siglo XIX: una lengua, una tradición y una religión delimitadas por una frontera soberana (Agencia Paco Urondo, 2026). La tensión entre el Israel secular y el Israel judío-religioso sigue siendo uno de los dilemas más profundos de esa sociedad. Cuando el gobierno actual fortalece a los sectores ultra-ortodoxos, las calles de Tel Aviv se llenan de manifestantes que defienden precisamente lo que amenaza el nacionalismo religioso: el Estado de derecho por encima de la ley sagrada.

El patrón se repite con variaciones locales. Afganistán bajo los talibanes, Myanmar con su nacionalismo budista que acompañó el genocidio rohinyá, la India de Modi donde el hindutva —nacionalismo hindú— convierte a los 200 millones de musulmanes del país en ciudadanos de segunda. La religión mayoritaria, cualquiera que sea, se convierte en la argamasa de una identidad nacional que excluye a quien no la comparte.

Colombia: el experimento en casa

En Colombia, el fenómeno tiene su propia genealogía. Durante décadas, la Iglesia Católica ocupó ese espacio de poder confesional informal: influía sobre el Estado, moldeaba la educación pública y gozaba de un estatus privilegiado que la Constitución de 1991 desmanteló al declarar a Colombia un Estado laico. Ese fue un avance democrático real.

Pero el vacío no tardó en llenarse. Los movimientos pentecostales, que durante décadas habían sido minoría religiosa discriminada, comenzaron a usar la política para defender la moral y el modelo de familia tradicional. Se opusieron de forma militante a la despenalización del aborto y al reconocimiento de derechos de parejas homosexuales. Encontraron en los católicos conservadores sus aliados más firmes, con quienes comparten la convicción de ser guardianes de la moral tradicional y del modelo de familia “instituido por Dios” (Razón Pública, 2013).

El resultado institucional más claro de ese proceso es Colombia Justa Libres, partido fundado en 2017 que agrupa políticamente a la mayoría de denominaciones evangélicas del país (Wikipedia, 2024). Sus congresistas son simultáneamente pastores y legisladores. Su figura más representativa, John Milton Rodríguez, es fundador y pastor general de la Iglesia Misión Paz. Su propuesta de gobierno incluyó un referendo para rechazar el aborto y la eutanasia en nombre de “defender la vida” (KienyKe, 2022).

Hasta aquí podría decirse que es política democrática legítima: un partido con una ideología que compite por votos. El problema aparece en el siguiente paso. Cuando esa agenda no busca simplemente representar a sus votantes, sino imponer su moral al conjunto de la ciudadanía —incluida la que no comparte esa fe—, se cruza el umbral que separa la participación política legítima del nacionalismo cristiano como proyecto de poder.

Neofascismo y religión: el altar y la bandera

El ingrediente que le da al fenómeno su carácter más peligroso es su articulación con el neofascismo. El neofascismo latinoamericano moviliza la ideología anticomunista apoyada en el fundamentalismo religioso, fusionando conservadurismo social y moralismo político (Instituto Tricontinental, 2024). No es casual: el fascismo histórico también encontró en las iglesias un aliado privilegiado. El altar y la bandera siempre se han llevado bien.

La estrategia comunicativa del fascismo colombiano busca provocar terror y alimentar la fragmentación social. Alienta un individualismo agresivo ante la incertidumbre y genera resentimiento hacia los considerados “otros”: los de izquierda, los progresistas, ambientalistas, indígenas, negros, feministas, o cualquiera que no pertenezca a su círculo (Proclama del Pacífico, 2025). La retórica religiosa encaja perfectamente en ese marco. Si los “otros” no solo son políticamente equivocados sino moralmente perversos —porque “van contra la voluntad de Dios”— la deshumanización se vuelve más fácil y la violencia más justificable.

Un informe de Pew Research Center basado en encuestas realizadas en 36 países en 2024 encontró que en muchos de ellos, las personas con ideología de derecha son más propensas que las de izquierda a afirmar que los textos religiosos deben tener prioridad sobre la voluntad del pueblo cuando ambos entran en conflicto en el proceso legislativo (Pew Research Center, 2025). Colombia no es la excepción a esa tendencia global.

Lo que está en juego para las minorías en Colombia

Cuando la doctrina religiosa —cualquiera que sea— se convierte en ley del Estado, las primeras víctimas son siempre las mismas: las minorías. No solo las religiosas. Las mujeres que necesitan decidir sobre sus cuerpos. Las personas LGBTQ+ que quieren vivir sin miedo. Los no creyentes que no deberían rendir cuentas a ningún dios para ser ciudadanos plenos. Los indígenas cuyas espiritualidades no caben en ninguna biblia.

Colombia tiene una Constitución que consagra la laicidad del Estado, la libertad de cultos y la igualdad de todas las personas ante la ley. Ese es el piso. El peligro no viene de que los creyentes participen en política —es su derecho—. El peligro viene de que algún día logren convencer a suficientes personas de que ese piso debería ser reemplazado por un altar.

La historia —de Teherán a Kabul, de la Inquisición al Ulster— enseña con suficiente claridad lo que ocurre cuando eso sucede. El problema nunca fue creer en Dios. El problema siempre fue creer que Dios les dio el poder de gobernar a los demás.

Referencias

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